Congreso gastó más de S/5 millones en restauración del Museo de la Inquisición, pero la obra está paralizada y sin fecha de reinicio

Durante meses, una puerta cerrada en la Plaza Bolívar ocultó algo más que polvo. A pocos metros del hemiciclo, el Museo del Congreso y de la Inquisición permanece sin acceso, sin restauradores, sin visitantes. Lo que iba a ser una recuperación patrimonial se ha convertido en una obra paralizada que ya consumió casi S/5 millones del presupuesto público. El Congreso autorizó y financió su restauración, pero tras una serie de decisiones internas, documentos técnicos y supuestas fallas estructurales, el edificio ha quedado a medio camino, con una ejecución del 33.78%.

Según el informe de Cuarto Poder, el proyecto fue aprobado por la Mesa Directiva de José Williams en 2022. La idea era culminarlo a mediados del 2024, según el cronograma inicial. Sin embargo, informes posteriores muestran que los avances no se alineaban con los plazos y que los costos aumentaban. Pese a estos indicios, se continuó destinando dinero a una obra que más tarde sería declarada “inviable”. Hoy no hay fecha oficial para su reapertura, y ni siquiera los propios congresistas saben con certeza qué ocurrió dentro del edificio.

Al consultar directamente a varios parlamentarios, las respuestas fueron vagas. “No tengo idea”, contestó uno. “Desconozco”, dijo otro. A pesar de los reiterados pedidos de entrevista formal realizados por el dominical, ningún representante del Congreso accedió a explicar técnicamente por qué se paralizó la obra. Los documentos obtenidos revelan una historia de decisiones fragmentadas y sobrecostos que aún no encuentran responsables claros.

La restauración completa del museo estaba valorizada en más de 13 millones de soles. Al 30 de septiembre del 2024, ya se habían desembolsado S/ 4,885,846, pero el avance físico de la obra alcanzaba solo el 33.78%, según el informe de ejecución del Área de Ingeniería e Infraestructura del propio Congreso. Cuatro meses después, en febrero de este año, el proyecto quedó oficialmente paralizado, como indica el portal de la Contraloría.

Al intentar contactarla, la arquitecta declinó brindar declaraciones. Desde la empresa ejecutora, su gerente general sostuvo: “Hay problemas técnicos de la propia obra en ejecución como tal. Cuando uno hace una restauración de un edificio histórico siempre va a haber imponderables que no se conciben en un expediente, ¿no? Hallazgos históricos, arqueológicos, pisos, una cripta antigua… eso necesita un replanteamiento”.

El Museo del Congreso y la Inquisición no es edificio. En su interior funcionó el Tribunal del Santo Oficio durante la época virreinal. Más tarde, albergó parte del Senado en los inicios de la República. Su restauración debía ser también una apuesta por la memoria. Sin embargo, lo que debía estar abierto al público desde el año pasado permanece clausurado, deteriorado, convertido en una especie de almacén silencioso.

Durante ese período, se aprobaron varios adicionales de obra. Uno de los primeros fue por 800 mil soles y fue autorizado por la gestión de Soto. Luego, con Salhuana al mando, se sumaron cuatro adicionales más por un total de 89,605 soles. Según documentos del Congreso, en total se añadieron más de 1.2 millones en conceptos adicionales a una obra que no llegó ni a la mitad de su ejecución.

Un especialista en restauración consultado por el mismo equipo periodístico advirtió: “Es necesario siempre hacer análisis preliminares que sean exhaustivos. También prever cualquier protocolo de actuación frente a eventuales hallazgos o descubrimientos, en especial en lugares con una carga histórica tan fuerte como el Museo del Congreso”.

A raíz del escándalo, la Mesa Directiva anunció un convenio con PROLIMA —el Programa para la Recuperación del Centro Histórico de Lima— con el objetivo de reanudar la restauración bajo la supervisión de un equipo especializado. También indicó que la Oficina de Auditoría Interna del Congreso se encargará de investigar el uso de los fondos y determinar posibles responsabilidades.

La obra se encuentra sin trabajadores, sin restauradores, con evidentes zonas incompletas y sin ningún tipo de resguardo patrimonial visible. Desde la vereda, se observan daños en la fachada. En su interior, restos de materiales, estructuras incompletas y herramientas abandonadas configuran un escenario que contrasta con la importancia del monumento.

La obra pública ejecutada por el Congreso —una institución que no suele encargarse de este tipo de proyectos— terminó en abandono. Aunque el Acuerdo de Mesa N.º 032 autorizó su inicio con la promesa de devolverle al país un museo histórico, la realidad muestra una estructura detenida en el tiempo. En palabras del propio Congreso: “La ejecución de la obra en su estado actual generaría riesgos estructurales y patrimoniales irreversibles”.

Hasta el momento, no existe fecha para su reactivación. Tampoco se ha informado oficialmente qué se hará con los más de ocho millones restantes del presupuesto original. Mientras tanto, el museo permanece cerrado al público, y cada día que pasa representa un nuevo recordatorio del dinero invertido sin resultados visibles.