PPK intentó viajar a EEUU, pero Migraciones le impidió abordar el avión: jueza decidirá en unas horas si puede salir del país

En horas de la noche del último sábado, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski intentó viajar a los Estados Unidos solo a horas de que el Poder Judicial evalúe en audiencia el pedido de la Fiscalía para que se le imponga un nuevo mandato de impedimento de salida del país.

PPK trató de abandonar el país una semana después de que la jueza de investigación preparatoria nacional Margarita Salcedo declaró la caducidad de la comparecencia con restricciones aplicando la Ley 32130 aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte.

El abogado de PPK, en entrevista con Canal N, reveló que los motivos del viaje del expresidente eran visitar a su esposa Nancy Lange, a “la que no ve hace 7 años” y “para unos chequeos médicos”.

Sin embargo, la pretensión del exmandatario no se concretó debido a que cuenta con una alerta migratoria vigente. Al Aeropuerto Jorge Chávez llegaron los fiscales Carlos Puma Quispe y la fiscal adjunta Leidi Gálvez Sánchez, ambos de la Segunda Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos, para constatar el intento del exmandatario de dejar el Perú.

Justamente, dicho despacho solicitó a la jueza Margarita Salcedo que dicte una orden de impedimento de salida del país contra PPK. Esto en el proceso en su contra por las presuntas irregularidades en la campaña presidencial del partido Peruanos por el Kambio entre el 2015 y 2016. En este caso se le atribuye al exjefe de Estado los delitos de lavado de activos agravado, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal.

El intento del exmandatario de dejar el país a horas de que se debata el requerimiento fiscal podría ser interpretado por el Ministerio Público como un intento de huir de la justicia y así lo podría manifestar en la audiencia programada inicialmente para las 9:00 de la mañana de este lunes 9 de junio.

Tras el fallido intento de dejar el país, el Ministerio Público solicitó de inmediato que se adelante la audiencia prevista para este lunes 9 de junio a fin de evaluar el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses. El Poder Judicial aceptó y la diligencia se llevó a cabo al mediodía de este domingo. Durante la sesión, la defensa de Kuczynski presentó una recusación contra la jueza Margarita Salcedo Guevara, alegando falta de imparcialidad por haber reprogramado la audiencia y por no haber notificado una resolución que consideraban clave para la estrategia legal del expresidente.

La magistrada rechazó la recusación y remarcó que la audiencia fue convocada dentro de los plazos legales. Además, aclaró que la alerta migratoria que impidió que Kuczynski abandonara el país no provenía de su despacho, sino que obedecía a restricciones vigentes en otro proceso penal. Pese a los argumentos de la defensa, que destacó que el exmandatario lleva casi una década bajo investigación y siete años cumpliendo reglas de conducta sin salir del país, la jueza decidió continuar con la sesión. La apelación presentada por la defensa no detuvo el desarrollo de la diligencia, tal como lo establece el Código Procesal Penal.

Kuczynski no estuvo presente en la sala, ya que, según su abogado, se encuentra con descanso médico. Tras casi tres horas de sesión, la jueza informó que emitirá su decisión final a las 7 de la noche de hoy.

Según el requerimiento fiscal, Kuczynski, en su calidad de líder de la organización política Peruanos por el Kambio, habría encabezado una presunta organización criminal destinada a captar dinero ilícito para financiar su campaña presidencial. Entre los hechos imputados, se destaca la recepción de un aporte no registrado de US$100,000 por parte de la empresa CASA, integrante del denominado “Club de la Construcción”, sin que este fuera informado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La fiscalía sostiene que PPK estructuró un sistema para ocultar el origen de estos fondos, utilizando métodos como el “pitufeo” (fraccionamiento de depósitos en efectivo) para dar apariencia de legalidad a los recursos, los cuales habrían ingresado a cuentas bancarias del partido. Además, se le acusa de autorizar la presentación de informes financieros con datos falsos ante la ONPE, incluyendo nombres de supuestos aportantes que no habrían realizado contribución alguna, lo que configuraría los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal. Estos actos habrían permitido al partido evitar sanciones administrativas.

La investigación se basa en declaraciones de colaboradores eficaces y coimputados, como la del colaborador N.° 14-2018, quien señaló que Kuczynski participó en una reunión en su domicilio con representantes de la empresa CASA, donde se habría coordinado el aporte de US$100,000. Asimismo, se consideran correos electrónicos, registros de obras públicas adjudicadas a CASA durante su gobierno, y testimonios que cuestionan la veracidad de los aportes reportados. Sin embargo, la defensa de Kuczynski argumenta que no existen pruebas directas de su intervención en estas actividades y que las acusaciones se basan en suposiciones y declaraciones de terceros.

Cabe señalar que en uno de los casos por los Pedro Pablo Kuczynski que viene siendo procesado, el caso Westfield Capital, está próximo a determinarse si el expresidente va a juicio oral. En este caso, el fiscal provincial José Domingo Pérez solicitó que se imponga una pena de 35 años de prisión contra el exmandatario de 86 años.