ATU responde a Patricia Chirinos: eliminar la autoridad sería un retroceso de 40 años en el transporte urbano

El transporte urbano vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras la presentación del proyecto de ley de la congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular), que busca eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y restituir esas funciones a las municipalidades, la respuesta institucional no se ha hecho esperar.

El jefe de la ATU, David Hernández, rechazó categóricamente la iniciativa y la calificó como un “retroceso en la gestión pública” que desarticularía décadas de avances en movilidad urbana metropolitana. “Eliminar la ATU implicaría regresar a una división territorial entre Lima y Callao que perjudica la eficiencia del sistema”, señaló.

Hernández recordó que desde hace más de cuatro décadas se discutía la necesidad de una gestión común del transporte entre Lima y Callao. La creación de la ATU respondió precisamente a esa deuda histórica.

“Por más de cuarenta años se esperaba una autoridad que unifique la gestión del transporte en Lima y Callao. Hoy ya lo hemos logrado y retroceder sería perjudicial”, enfatizó.

La Ley de Municipalidades, explicó, ya establecía desde hace décadas la necesidad de coordinación metropolitana para servicios como el transporte público. Volver a separar esas funciones entre dos jurisdicciones generaría superposición de rutas, conflictos de competencias y debilitamiento institucional.

Desde la ATU se advierte que los efectos serían inmediatos y graves:

• Desintegración del Sistema Integrado de Transporte (SIT), que articula corredores, buses convencionales, el Metropolitano y el Metro de Lima.
• Pérdida de la interoperabilidad tarifaria y operativa, cancelando el proceso de integración en curso.
• Parálisis en la renovación de flotas con tecnologías limpias, ya que muchas autorizaciones actuales se extienden hasta por 19 años bajo un marco regulado.
• Afectación a la fiscalización técnica, que volvería a gobiernos locales con limitada capacidad técnica y de ejecución.
• Cancelación de políticas públicas de movilidad sostenible, estructuradas bajo el Decreto Legislativo N.º 1678.

La Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) se sumó a las críticas. En un comunicado oficial, advirtieron que el proyecto legislativo de Chirinos “desbarataría un esfuerzo técnico, legal y operativo de años” para mejorar el transporte en la capital.

“El proyecto fragmenta la planificación y afectará la calidad del servicio. Rompe con el modelo de gestión integrada y atenta contra la seguridad jurídica necesaria para la inversión en movilidad sostenible”, señalaron.

ACTU también alertó que una eventual disolución de la ATU beneficiaría a sectores informales e ilegales que lucran con un sistema desregulado. “Esto llevaría a más congestión, más inseguridad y una fuerte caída en la calidad del servicio para los ciudadanos de Lima y Callao”, concluyeron.

Edwin Derteano, presidente de la Fundación Transitemos, apuntó que la solución no está en borrar la ATU del mapa, sino en corregir sus deficiencias.

“El Congreso debería hacer las correcciones para poner a la ATU a lo que originalmente debió ser, no pretender eliminarla. La eliminación refleja un desconocimiento del origen, función y retos de la entidad”, declaró.

Según Derteano, reemplazar una autoridad técnica metropolitana por dos administraciones municipales con distintas prioridades “es abrirle la puerta al desorden del pasado”.

Hernández también se refirió al servicio AeroDirecto, que conecta el centro de Lima con el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez. Aseguró que las tarifas fueron establecidas de acuerdo a tramos y demanda, y que se encuentran debidamente registradas.

“Los pasajes son de dos y cinco soles, dependiendo del tramo. Las tarifas están publicadas oficialmente. Si hay cobros indebidos, se deben denunciar y la ATU actuará”, explicó.

Añadió que el operador es privado, pero la ATU mantiene supervisión constante, especialmente en esta etapa de inicio de operaciones del nuevo aeropuerto.

En su conjunto, tanto la ATU como gremios y especialistas coinciden en que la propuesta de disolución es peligrosa, tanto desde el punto de vista técnico como legal.

“No se trata solo de una ley. Hay contratos, procesos de integración, autorizaciones de largo plazo e inversiones privadas en curso. Eliminar la ATU sin un modelo alternativo claro sería irresponsable y costoso”, explicó Hernández.

Por otro lado, la iniciativa de Chirinos ha sido respaldada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien también ha calificado a la ATU como un “mamarracho”. Ambos políticos han sido cuestionados por adoptar posturas confrontacionales y promover cambios radicales sin evidencia técnica sólida.

El proyecto se enmarca en una disputa mayor entre el modelo de gestión centralizada y técnica, representado por la ATU, y el retorno a una gestión municipal descentralizada, que muchos temen reviviría el caos del pasado.