Alcalde de Nasca acepta que tiene actividades mineras en Arequipa, Ayacucho y Apurímac: “Más de 25 años”

La Municipalidad Provincial de Nasca convoca a los representantes de asociaciones de vivienda, organizaciones sociales, gremios, instituciones públicas y privadas, guías de turismo, arqueólogos y a la ciudadanía en general, con el objetivo de que se inscriban y participen en una mesa de trabajo junto al Ministerio de Cultura. El propósito central de este encuentro será abordar temas relacionados con la delimitación del área de reserva arqueológica, la creación de una unidad ejecutora y otros asuntos de interés para la protección del patrimonio local.

El alcalde de la provincia de Nasca, Jorge Bravo, explicó a RPP que la administración local está solicitando una audiencia con el ministro de Cultura para avanzar en el saneamiento físico y legal de estos sitios arqueológicos. Bravo detalló que la falta de regularización de estos espacios ha facilitado su vulnerabilidad frente a la minería ilegal y el tráfico de terrenos, dos problemas que amenazan la integridad del patrimonio cultural de la región.

“Nosotros tenemos más de 150 sitios arqueológicos en nuestra provincia que hasta el momento no hay saneamiento físico legal. Entonces que esto sea un punto de partida”, expresó el alcalde, subrayando la urgencia de una intervención coordinada.

En sus declaraciones a RPP, Jorge Bravo también abordó su trayectoria como empresario minero, un aspecto que ha generado cuestionamientos en el contexto de la protección del patrimonio arqueológico. El alcalde reconoció que cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector minero, pero aclaró que no posee ninguna concesión ni realiza actividades mineras en la provincia de Nasca ni en el departamento de Ica.

“Yo tengo actividad minera más de 25 años, pero no tengo ningún tipo de actividad minera en la provincia de Nasca. Soy titular de varias concesiones, una en el departamento de Arequipa, otra tengo en el departamento de Ayacucho y una en la ciudad, en el departamento de Apurímac. Entonces no soy titular ni en petición ni como concesionario en la provincia de Nasca ni el departamento de Ica”, explicó al citado medio.

La preocupación por la protección de los sitios arqueológicos en Nasca se ha intensificado debido a la presencia de actividades ilícitas que ponen en riesgo el legado histórico de la zona. Según informó la autoridad provincial, la falta de saneamiento físico legal de estos espacios ha permitido que tanto la minería ilegal como los traficantes de terrenos actúen con relativa impunidad, lo que ha motivado a la autoridad local a buscar el respaldo del Ministerio de Cultura para implementar medidas de protección más efectivas.

La mesa de trabajo propuesta por la Municipalidad de Nasca pretende reunir a diversos actores sociales y técnicos para discutir la poligonal del área de reserva arqueológica, así como la posible creación de una unidad ejecutora que se encargue de gestionar y salvaguardar estos sitios.

El alcalde Bravo enfatizó que la audiencia solicitada al ministro de Cultura representa una oportunidad para sincerar la situación de los sitios arqueológicos y establecer un punto de partida para su regularización. “Estamos pidiendo una audiencia al ministro de Cultura para que nos pueda atender y también a través de esa audiencia de una vez sincerar nuestros sitios arqueológicos”, declaró al citado medio. En ese sentido, se espera que este proceso permita avanzar en la protección legal y física de los más de 150 sitios identificados en la provincia, muchos de los cuales carecen de reconocimiento formal y de mecanismos de defensa ante las amenazas externas.

El Ministerio de Cultura del Perú (Mincul) ha revertido la Resolución N° 000128-2025-VMPCIC/MC, restableciendo el área protegida de las Líneas y Geoglifos de Nasca a 5.633,47 kilómetros cuadrados, según la Resolución N° 000134-2025-VMPCIC/MC oficializada el 8 de junio de 2025.

La resolución anterior, emitida el 28 de mayo de 2025, reducía la zona protegida a 3.235,94 kilómetros cuadrados, lo que causó fuertes críticas tanto en el país como internacionalmente, debido a los riesgos para la conservación del sitio arqueológico.

Medios internacionales como El País y DW advirtieron sobre los peligros de exponer los geoglifos a actividades mineras informales. Con la nueva resolución, el Ministerio busca garantizar mejor protección a este patrimonio declarado por la UNESCO.