El Congreso de la República ha presentado un proyecto de ley que apunta directamente a uno de los problemas más controversiales del sistema político peruano: la inscripción de partidos mediante firmas falsas. La propuesta, titulada “Ley que fortalece la transparencia, el funcionamiento democrático y la integridad del sistema político nacional”, plantea incorporar modificaciones clave a la Ley de Organizaciones Políticas, N° 28094 y a la Ley Orgánica de Elecciones, N° 26859.
Entre los cambios más importantes destaca la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pueda declarar de oficio la nulidad de inscripción de una organización política, si se acredita que el número mínimo de afiliados o adherentes fue logrado utilizando información falsa, incluso si dicha inscripción fue inicialmente validada por el Reniec. Esta medida se aplicaría excepcionalmente para las elecciones generales, regionales y municipales del 2026, mediante una nueva disposición transitoria.
El proyecto justifica su propuesta en la necesidad de fortalecer la transparencia del sistema político y garantizar que solo participen en procesos electorales aquellas organizaciones que cumplen con los principios democráticos básicos, como la representatividad real y la autenticidad de sus registros de afiliación.
“La fiscalización no debe limitarse al momento de inscripción. Debe ser permanente, y además inopinada, para verificar la actividad sostenida de los partidos y su correcto ejercicio de funciones”, señala el documento.
¿Cuáles serían las consecuencias para estos partidos?
Pero la propuesta no se queda ahí. El documento incorpora también un nuevo artículo a la Ley Orgánica de Elecciones, que establece responsabilidad penal directa para los partidos cuando estos cometan “delitos en su nombre, beneficio o para encubrirse, a través de fundadores, personeros o miembros del órgano ejecutivo”. En esos casos, la justicia podrá aplicar desde la clausura de locales hasta la disolución total del partido, además de multas que podrían alcanzar las 500 UIT (equivalente a más de 2.5 millones de soles).
Si se confirma que una organización política ha cometido delitos relacionados con su inscripción o funcionamiento, el juez podrá imponer sanciones graves. Estas incluyen:
- Clausura temporal o definitiva de sus locales
- Suspensión de actividades por un periodo máximo de dos años
- Disolución y liquidación total del partido
- Prohibición temporal o permanente de realizar actividades políticas similares
- Multas que van desde cinco hasta quinientas UIT
La norma busca corregir la brecha que actualmente permite que partidos continúen vigentes incluso cuando se han utilizado medios fraudulentos para obtener su inscripción. De acuerdo con el proyecto, esto se enmarca en un esfuerzo más amplio por asegurar una fiscalización continua y no solo en el momento de inscripción. El JNE tendría, por tanto, no solo la capacidad de revisar las firmas y huellas presentadas en el proceso de registro, sino también de intervenir en cualquier momento si se detectan irregularidades en el ejercicio de representación política.
Más de 30 partidos con observaciones por firmas dudosas
La propuesta impulsada por Flor Pablo se apoya en información oficial. El propio Reniec ha detectado un patrón preocupante en los registros partidarios actuales. De los 43 partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), 30 presentan observaciones por posibles falsificaciones en las firmas de sus afiliados, es decir, un 70% del total. La sumatoria de firmas presuntamente fraudulentas exceden las 60 mil.
Estas observaciones incluyen diferencias gráficas “compatibles con falsificación de firmas”, como imitaciones serviles, firmas dibujadas, de ejecución libre o incluso completamente inventadas. De estos partidos, al menos seis cuentan actualmente con representación en el Congreso de la República.
La propuesta legislativa busca precisamente cerrar este vacío legal que ha permitido que partidos nacidos de procesos viciados sigan teniendo poder de decisión sobre leyes, presupuestos y políticas públicas.
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