La UPF defiende al fiscal general tras ser procesado por el Supremo: “Está siendo objeto de un ataque sin precedentes”

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser procesado por el magistrado del Tribunal Supremo (TS), Ángel Hurtado, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

“Está siendo objeto de un ataque sin precedentes en democracia, que algún día llevará a muchas personas a reflexionar seriamente sobre lo acontecido en estos tiempos”, ha trasladado este lunes la UPF en un comunicado, recogido por Europa Press, ante la decisión de Hurtado de procesar al fiscal general, ocho meses después de que el Supremo asumiera la investigación el pasado mes de octubre.

El magistrado se basa en la filtración del ‘email’ donde el empresario se ofrecía a reconocer delitos para pactar, asumiendo que García Ortiz lo filtró a la ‘Cadena SER’ para “ganar el relato”. Todo ello, dice, siguiendo “indicaciones” del Gobierno. Asimismo, Hurtado ha procesado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la misma causa.

El auto, de 51 páginas, menciona un artículo del Código Penal (417, puntos 1 y 2) que podría suponer penas de cárcel de hasta 4 años y 5 de inhabilitación. No obstante, contra el mismo aún caben dos tipos de recursos: ante el propio juez y ante la Sala de Apelación.

Ante ello, la UPF ha asegurado que la “resistencia” de García Ortiz “en contra de lo que interesadamente se muestra deformado” no es, a su juicio, la de “una persona que se agarra a una silla” sino la de “un servidor público que pone a la institución a la que representa, y sobre todo a las personas que lo conforman, en primer término”.

“Es nuestro último dique de contención frente a este desatino de consecuencias gravísimas. UPF traslada al fiscal Álvaro García Ortiz, que además es el FGE, nuestra máxima autoridad, todo nuestro agradecimiento, apoyo y solidaridad”, ha sentenciado.

La asociación ha recordado los “numerosos” comunicados que ha elaborado en relación a una causa judicial que, en su opinión, “nunca hubiera debido iniciarse”, alegando que su tramitación “ha estado inundada de decisiones altamente cuestionables desde un punto de vista jurídico” y que parece que su resolución “ya estaba decidida de antemano: abrir juicio oral a cualquier precio a estos dos fiscales, que son también ciudadanos”.

En este sentido, ha advertido a los fiscales que esta decisión judicial “avala” que, a partir de ahora, una estrategia posible de las defensas sea ponerles “en el punto de mira”, lamentando que con dicha resolución “no sólo se causa un enorme daño personal, profesional y reputacional a estas dos personas” sino que también “coloca en una posición de enorme debilidad a los fiscales que cada día intervenimos en asuntos con trascendencia pública”.

La UPF ha criticado que la resolución judicial dedica 53 páginas a “dar vueltas y más vueltas sobre sospechas y elucubraciones”, recordando que “al menos 31 horas antes de que los correos electrónicos llegaran al FGE, toda la información contenida en ellos circulaba por la redacción de varios medios de comunicación”.

“La única finalidad que el procedimiento ha podido acreditar en relación al comportamiento de los encausados fue la de elaborar una nota de prensa destinada a informar a la opinión pública en relación a la fabricación y divulgación de un bulo que, además de faltar a la verdad, atacaba a la independencia y profesionalidad de determinados fiscales y por ende de la Fiscalía como institución”, ha explicado.

Con ello, ha reprochado que “lejos de hacer una valoración de tan importantes contraindicios” la resolución comience afirmando que el fiscal general procedió “a raíz de indicaciones de Presidencia del Gobierno”, aseverando que no hay “ninguna motivación” para hacer dicha afirmación, así como ninguna “prueba” o “indicio” en las que apoyarse, sólo “mera elucubración”.

Asimismo, ha reprobado que “con este nivel de garantías y motivación” se pretenda “sentar en el banquillo a dos fiscales” que “en este caso desempeñan funciones jerárquicas”, y ha trasladado su apoyo a Rodríguez: “Pilar, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro compromiso en tu defensa, en todos los ámbitos”.

“Estado de Derecho es sinónimo de existencia de un conjunto de garantías. Toda persona debe tener la tranquilidad de que no se puede abrir un juicio contra ella sólo porque el juez tenga la convicción de una autoría “porque sí”, o porque lo que se observa o detecta es “una alternativa posible” según la subjetiva y personal visión del instructor. La instrucción debe ser capaz de acreditar indiciariamente que los hechos se produjeron de una sola forma y no de cualquier otra”, ha concluido.