El camino a las elecciones generales en Bolivia está lleno de obstáculos. A poco más de dos meses de la votación, aún no hay certezas sobre los candidatos ni los frentes que van a disputar el poder, debido a inhabilitaciones, demandas y recursos jurídicos que amenazan con eliminar adversarios a través de la justicia y no de las urnas. Todos estos hechos ponen de manifiesto tanto la intromisión judicial en el proceso como la debilidad institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del sistema de partidos.
Los primeros escollos tuvieron que ver con la legalidad de las organizaciones políticas. Luego de que se registraran los candidatos en el TSE, surgieron al menos diez recursos de inhabilitación de partidos que pueden arrasar con el 80% de la papeleta electoral. Los motivos tienen que ver con presuntos incumplimientos de resoluciones o faltas a los estatutos partidarios, algo que debió ser fiscalizado y resuelto a tiempo por las autoridades electorales, que tienen una oficina dedicada exclusivamente a la “observación, acompañamiento y supervisión” de los frentes políticos.
En las últimas semanas, el partido Movimiento Tercer Sistema (MTS), con el que el heredero del ex presidente Evo Morales busca llegar al poder; sufrió embates de sus propios jefes: los ex esposos Patzi Terrazas, que tras su separación disputan el control del partido y amenazan su continuidad en la contienda electoral. Algo similar ocurre con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en el que unos dirigentes presentaron una carta de dimisión ante los desacuerdos internos por la definición del candidato.

El caso del Partido de Acción de Nacional (Pan-Bol), con el que el Morales pretendía disputar la Presidencia, es uno de los más controversiales. El frente estuvo en un tire y afloje de habilitaciones e inhabilitaciones, hasta que este jueves el Tribunal Constitucional ratificó su anulación e impidió su participación en la votación.
También hay confusiones sobre los candidatos que van a terciar los comicios, pero posiblemente ninguna sea tan profunda como la del partido Nueva Generación Patriótica (NGP). El economista liberal Jaime Dunn, considerado el outsider de los comicios, fue presentado como candidato a presidente y está en campaña proselitista. Sin embargo, en las listas figura otra persona debido a que Dunn no cumplía con los requisitos y espera el periodo de sustituciones para regularizar sus documentos y ocupar la candidatura de ese frente.
A esto se suma que solo el 36% de los inscritos para cargos legislativos fueron habilitados, ya que los demás no presentaron toda la documentación y quedaron fuera. Para los analistas esto no es una casualidad, sino parte de una estrategia para negociar espacios de poder hasta el último minuto.

Todo este desorden sucede bajo la sombra del poder judicial. Muchos en Bolivia temen que los jueces terminen ordenando el campo político y entorpeciendo el proceso electoral, tal como ocurrió con las elecciones judiciales del año pasado. De hecho, ya fallaron para inhabilitar al ex presidente Morales y decidieron sobre la participación de Pan Bol. De igual manera, la continuidad de otros frentes dependen de decisiones judiciales.
Analistas y expertos en temas electorales que conversaron con Infobae creen que el escenario electoral se complica por la convergencia de al menos tres fenómenos: la intromisión judicial, el debilitamiento del organismo electoral y la precariedad de los partidos políticos.
Para el analista Carlos Saavedra, hay una crisis de institucionalidad presente en todos los ámbitos. El experto sostiene que los vocales electorales han sido permisivos y no han logrado asumir el rol institucional del organismo que dirigen. En paralelo hay una crisis de las organizaciones políticas -“que ya no son partidos, sino ficciones jurídicas porque no tienen estructura, liderazgo ni un horizonte ideológico”, apunta el experto-, que además tienen dificultades para cumplir con un exceso normativo que posibilita múltiples irregularidades.

El periodo electoral también se ve afectado por fenómenos circunstanciales, como las crecientes protestas de los partidarios de Morales, que insisten con forzar su candidatura pese a que está inhabilitado por una sentencia constitucional y está fuera del plazo de registro.
Aún bajo ese contexto, pocos creen que las elecciones se suspendan y coinciden en que salvo el evismo, todas las fuerzas políticas apuestan por la realización de los comicios. El temor recae ahora sobre la calidad y la integridad del proceso. José Luis Exeni, ex presidente del Órgano Electoral lo explica: “El tema no es si se hacen o no se hacen, sino qué tipo de elección vamos a tener, si va ser competitiva o no, si va ser con candidatos y partidos proscritos, si va ser participativa o no (…) esto es muy crítico para la democracia”.
En Bolivia parece haber consenso en que los comicios de agosto son trascendentales porque pueden marcar un punto de inflexión en el rumbo del país, pero el camino para llegar a ellos es pedregoso y está poniendo en peligro la democracia. Ciertamente, el desafío posterior a la votación es reinventar lo que Saavedra llama “un sistema político fallido”.
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