La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este viernes la "impunidad" y la "falta de avances en la rendición de cuentas" por la "represión y la criminalización que caracterizaron la respuesta estatal" a las manifestaciones que tuvieron lugar en 2023 en Jujuy tras la aprobación de una reforma de la Constitución provincial que incluía restricciones al derecho a la protesta.
Dos años después de lo que ha tildado como una "brutal represión", Amnistía ha publicado un informe en el que expone la "estrategia estatal de silenciar a quienes se atreven a reclamar sus derechos".
"En todo este tiempo, las autoridades no han dado respuestas sobre las tácticas implementadas con el claro objetivo de violar el derecho a la libertad de reunión pacífica en la provincia, tales como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, o las investigaciones para criminalizar a los manifestantes", ha afirmado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía.
En este sentido, ha recordado que en menos de un mes, entre mayo y junio del 2023, se debatió y se aprobó una reforma constitucional "regresiva" en materia de Derechos Humanos, especialmente para los pueblos indígenas, a puerta cerrada y de forma exprés, lo que llevó a miles de personas a salir a la calle para manifestar su rechazo al texto propuesto y reclamar la falta de participación y consulta.
"El Estado de Jujuy no solo dio la espalda insistentemente a los reclamos legítimos de participación sino que también difundió el temor, la violencia y la intimidación a quienes alzaron la voz", ha lamentado.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Beski, ha indicado que el informe muestra la "completa exclusión de los pueblos indígenas del debate sobre la reforma, en un contexto de despojo territorial y discriminación estructural en la provincia con la mayor proporción de personas indígenas del país".
"Esto ha sucedido, primero, con la aprobación de la nueva Constitución sin su consentimiento libre, previo e informado, como determina el Derecho Internacional y, segundo, con la prohibición normativa y la dispersión violenta de cortes de calles y restricciones desproporcionadas del ejercicio legítimo del derecho a la protesta", ha explicado.
CIENTOS DE HERIDOS
La organización ha recordado que la represión ejercida por las fuerzas de seguridad se saldó con cientos de heridos, algunos de los cuales presentaban lesiones graves y permanentes. El informe destaca que la Policía hizo un uso "ilegítimo, arbitrario y excesivo de la fuerza con el propósito claro de despejar las protestas".
Esto, según ha explicado la ONG, incluye el uso de gases lacrimógenos y balas de goma, así como el disparo de proyectiles de impacto múltiple cuyo uso "debería estar totalmente prohibido de acuerdo con los estándares internacionales de Derechos Humanos". También ha denunciado el uso de armas "no regularizadas", como piedras y látigos.
En total, se estima que estos actos dejaron al menos 170 heridos, por lo menos diez de ellos a causa del impacto de balas de goma o cartuchos de gas lacrimógeno en la cara --tres de los cuales perdieron la visión de un ojo--.
Desde Amnistía aseguran que estas "respuesta represiva" ante las manifestaciones estuvo acompañada de una "estrategia de criminalización". Según el documento, durante estas protestas se registraron al menos 99 detenciones, de las cuales un gran número fueron "arbitrarias".
Además, se han identificado casos de detenciones realizadas mediante el "uso ilícito de la fuerza, incluso contra niños y adolescentes", lo que llevó a que algunos manifestantes fueran víctimas de golpes, tratos crueles e inhumanos y degradantes.
Piquer ha recordado así que "nadie ha sido sancionado por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la represión" y ha hecho hincapié en que las víctimas "siguen esperando justicia".
Algunos de estos casos, sostiene el texto, "jamás deben ser olvidados, pues recuerdan a las autoridades la enorme deuda pendiente con la sociedad jujeña, especialmente con los pueblos indígenas de la provincia, que siguen luchando por el reconocimiento y la garantía de sus Derechos Humanos", tal y como ha resaltado Piquer.
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